Los objetivos del nuevo orden

  La producción de un nuevo orden fue la aspiración mayor que tuvo la corporación militar en 1976. El Estado autoritario estaba llamado a  llevar a cabo aquellas transformaciones que tenderían a la constitución de otro orden político, en el que las Fuerzas Armadas tuvieran una participación orgánica y estable en el sistema de decisión. En un discurso pronunciado el 20 de noviembre de 1977 el presidente Videla se refería a la participación de las Fuerzas Armadas en el futuro orden político.
  "Reorganizar institucional y políticamente el país, con la finalidad de concluir con los ciclos pendulares de gobiernos civiles y militares, instaurando una democracia estable".
  "Asegurar la inserción de las FFAA al sistema político con el objetivo de posibilitar la participación en la toma de decisiones".
  Este era el objetivo, de largo plazo pero en lo inmediato el autoritarismo militar pretendía poner en marcha un plan de reforma económica y disciplinamiento social. Los dos principios básicos del programa anunciado por el ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz, el 2 de abril de 1976, fueron la función subsidiaria del Estado y la apertura de la economía. Al mismo tiempo, se organizó un plan altamente represivo para eliminar las organizaciones guerrilleras y voces de protesta, y modificar el comportamiento de los sectores políticos y gremiales. La tradición populista que informaba a los partidos mayoritarios (peronismo y radicalismo) debía desaparecer.
  ¿Cuál es la armazón jurídica-institucional articuladas por las Fuerzas Armadas para realizar cambios tan profundos? En primer lugar, las atribuciones del gobierno de facto se desprenden de las propias normas jurídicas sancionadas por la intervención militar, el "acta" y el "estatuto" del Proceso de Reorganización Nacional. Esas normas establecían un cuerpo colegiado, la Junta Militar, como órgano del Estado, y un órgano unipersonal, el presidente de la Nación, como ejecutor de las grandes políticas trazadas por el poder supremo. De tal forma, se puede calificar a este gobierno militar como una dictadura institucional impersonal, del conjunto de las Fuerzas Armadas, que procuró evitar la personalización del poder al estilo de las básicas dictaduras personales.
  En segundo lugar, la Junta Militar se arrojo al poder constituyente, porque sus actos y normas tienen prioridad y están por encima de la Constitución Nacional. En el mismo día de la intervención la Junta Militar se autoenvistió en un suprapoder, en el órgano supremo de la Nación, de donde emanaba una voluntad fundacional, que asumía poderes ilimitados. LA organización jurídica del régimen militar pusó fin, como se ha visto, al estado de derecho. La Junta Militar Resolvió declarar caducados los mandatos constitucionales del presidente y de los gobernadores, disolver el Congreso Nacional, las Legislaturas provinciales, remover a los miembros de la Corte Suprema, suspender la actividad Política de los partidos y la actividad gremial de los trabajadores, empresarios y profesionales.