Un episodio tan grave como deponer a un gobierno elegido de manera constitucional difícilmente pueda concretarse por la acción de un único actor social. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas; sino que requiere de un conjunto de alianzas sociales sólidas. No hay golpe de estado ni ningún tipo de apoyo civil y el golpe de 1976 no fue la excepción. No obstante, tampoco se puede sostener que la sociedad civil en su conjunto brindó su apoyo a la iniciativa castrense. Mientras que algunos sectores aceptaron de modos diversos la irrupción militar, desde actitudes que iban del apoyo y la adhesión hasta la resignación, otros recurrieron a diversos mecanismos para evidenciar un temprano distanciamiento desde la residencia y la desobediencia hasta la franca oposición.
En el caso de la última dictadura, muchísimos argentinos en el ámbito privado aceptaron el golpe como una "solución" a las crisis de la gobernabilidad que se había creado el los últimos meses del gobierno de Isabel Perón. Seguramente bajo la idea - recurrente en el siglo xx argentino, de que la única opción frente al fracaso del gobierno constitucional consistía en confiar a los militares la tarea de la recomposición de la autoridad y el orden. Este consenso tácito, aunque extendido, es diferente - conceptual y políticamente - de otro cuyo carácter, aunque más acotado, fue explícito.
Sectores de alto poder económico apoyaron el golpe, como lo prueba la fuerte suba de las acciones en la Bolsa de Comercio.
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